En el acta se indican todos los elementos que fueron fiscalizados de la base imponible del contribuyente, hechos que se hayan encontrado y cualquier omisión realizada por el contribuyente además de los métodos que se utilizaron en el proceso de fiscalización de la actividad económica de este, el acta es redactada por un funcionario del SENIAT o bien de la administración tributaria nacional o municipal.

En líneas generales, un acta de reparo se redacta luego de que el funcionario o funcionaria encargada del ente tributario encargado, finaliza una inspección o fiscalización y observa un incumplimiento de las obligaciones tributarias de un contribuyente, sea una empresa o persona, para luego indicar el procedimiento que debe seguir el contribuyente luego de haber incurrido en una omisión de sus obligaciones tributarias.

El recurso utilizado por la defensa de la parte demandada, en este caso la apoderada judicial de la misma, lleva por nombre como recurso contencioso tributario el cual está contemplado desde el articulo 266 hasta el artículo 273 del Código Orgánico Tributario 2014.

El Recurso contencioso tributario es una herramienta de la ley en el COT el cual los contribuyentes pueden utilizar para su defensa en contra de la Administración Tributaria involucrada, cuando esta última involucre en un acto de carácter administrativo referente a los tributos el cual cause algún perjuicio o modificación en el patrimonio del contribuyente, en donde la administración tributaria determina un impuesto o una sanción si lo amerita.

Dicho esto, es de absoluta importancia que los contribuyentes sean conscientes de que a pesar de que la Administración tributaria actúa bajo su potestad, sus competencias y funciones principales, existen herramientas legales que pueden ser utilizados por los contribuyentes por la vía de la misma administración tributaria como también jurídica, que permite la defensa de sus derechos y garantías como contribuyentes tributarios, es por ello que es necesario que se conozca el alcance y atribuciones del acto de fiscalización que un funcionario de la administración en cuestión tiene, así como también todos los recursos que el propio contribuyente tiene a sus manos para defenderse y revisar cualquier acto que haya sido emanado de la administración tributaria si esa última estuviese actuando de forma indebida.

Definiendo el hecho controvertido en un caso o proceso jurídico, entendemos en líneas generales que se trata de la razón por las cuales las partes van a juicio, es decir el problema que hay entre las partes y debe resolverse legalmente, de forma más concreta se trata de una inconformidad entre las partes sobre un asunto.

En la jurisprudencia en estudio se destaca que la razón que origina el problema legal entre las partes ocurre, citando el documento:

“la Gerencia de Recaudación y Fiscalización del Instituto Nacional de Turismo (INATUR), indicó a la recurrente que debía efectuar el pago de acreencias por la cantidad de ciento sesenta y seis mil cincuenta y cuatro bolívares con ochenta y un céntimos (Bs.166.054,81),derivadas de la contribución especial por la prestación de servicio turístico prevista en los artículos 15 y 16 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo de 2012,correspondiente a “(…)los periodos fiscales pendientes de pago: los años 2011,2012,2013,ambos inclusive, desde enero 2014 hasta julio 2014, ambos inclusive”.

El problema inicia cuando la parte demandante exhorta a la parte demandada pagar una suma de dinero por concepto de “la contribución especial por prestación de servicios turísticos”, donde esta última responde colocando una demanda de nulidad conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos contra los actos administrativos anteriormente identificados, en los siguientes términos que la apoderada judicial de la demandada expone:

“Explicó que su mandante se encuentra ante una situación que menoscaba sus derechos, por cuanto se le atribuyó una condición legal que no le corresponde, por cuanto no está obligada a pagar la contribución por prestación de servicio turístico, Refirió que en diversas oportunidades ha solicitado ante el Instituto Nacional de Turismo (INATUR), el reintegro de la cantidad de “(…) Bs.F 166.054,81 (…) sin obtener respuesta alguna (…)” ((sic).

“Alegó que la empresa recurrente no forma parte de la oferta turística del Municipio Barinas “(…) pues nunca ha sido incluida en las estadísticas, ni en los inventarios, ni en catálogos turísticos elaborados por el ente municipal en cumplimiento de lo contemplado en la citada Ley. En virtud de todo esto, no se puede afirmar que [su] representada, en vigencia de la Ley Orgánica de Turismo del 2001, haya sido calificada como PRESTADORA DE SERVICIO TURÍSTICO, en consecuencia, nunca se le exigió la inscripción en el Registro Turístico Nacional ni el pago del 1%de la contribución especial en la vigencia de esta Ley (…)”.

Es aquí donde toma forma el hecho controvertido, donde la parte que demanda le exige cancelar a la parte demandada una contribución por servicios que esta última nunca presto, debido a que no formaba parte de la oferta turística del Municipio Barinas y por ende no era una entidad que prestaría servicios turísticos.

Aquí se observa una inconformidad de las partes, es decir el Hecho controvertido del asunto en cuestión.

Referencias Bibliográficas:

- Jurisprudencia 7.

- http://www.enciclopedia-juridica.com/d/hecho-controvertido/hecho-controvertido.htm